Hacer las maletas, reservar el vuelo y planear la ruta son los pasos habituales antes de cualquier viaje. Lo que casi nadie hace, sin embargo, es leer con detenimiento las leyes del país de destino. Y ese pequeño descuido puede salir muy caro: cada año, miles de turistas se ven envueltos en problemas legales en el extranjero por conductas que en su país de origen serían completamente normales, pero que en el lugar que visitan constituyen una infracción administrativa o, directamente, un delito.
Da igual que la intención fuera buena o que el viajero no tuviera ni idea de que estaba haciendo algo prohibido. Como recuerda el propio Departamento de Estado de Estados Unidos en su web de información para viajeros, una vez que se cruza una frontera, uno queda sujeto a las leyes locales, y la ignorancia no sirve como excusa. Esa misma idea la traslada el Ministerio de Asuntos Exteriores español a través de su campaña «Viaja informado, viaja seguro», que insiste en que, una vez en el exterior, todo ciudadano español está sujeto a las normas del país en el que se encuentra y debe respetarlas en cualquier caso.
De la anécdota de viaje al problema legal
La lista de comportamientos que parecen inofensivos pero que en determinados países pueden acarrear una multa —o algo peor— es más larga de lo que cabría imaginar. Algunos ejemplos recurrentes:
Llevarse un recuerdo de la playa. En Cerdeña (Italia) está prohibido llevarse arena, guijarros o conchas como souvenir, y la sanción puede llegar a los 3.000 euros. Lo que para un turista es un gesto tan inocente como recoger una concha, para la legislación italiana es una infracción medioambiental.
Masticar chicle en Singapur. Está prohibida su venta, producción y consumo desde 1992, y llevarlo en la maleta sin declararlo puede terminar en decomiso o sanción en la aduana.
Sentarse o comer en según qué lugares. En la Piazza San Marco de Venecia está prohibido sentarse en determinados puntos, dar de comer a las palomas o bañarse en los canales; en la Fontana di Trevi de Roma está prohibido meter los pies en el agua. Son normas pensadas para proteger el patrimonio, pero que muchos visitantes desconocen hasta que reciben la sanción.
Vestimenta inapropiada en lugares religiosos o históricos. En la Acrópolis de Atenas está prohibido el uso de tacones para no dañar las piedras; en muchos templos y mezquitas de países musulmanes, ir con hombros o rodillas al aire puede suponer, cuando menos, que no se permita el acceso.
Conducir sin la documentación adecuada. En buena parte de Estados Unidos es obligatorio, además del carné de conducir del país de origen, llevar el Permiso Internacional de Conducir. No hacerlo puede equipararse legalmente a conducir sin licencia, con las consecuencias que ello implica.
Beber alcohol en la calle. En muchas ciudades de Estados Unidos existen las llamadas «leyes de contenedor abierto», que prohíben llevar bebidas alcohólicas sin sellar por la vía pública, algo que en España resulta de lo más habitual y que allí puede suponer una multa de varios cientos de dólares.
Muestras de afecto en público. En países como los Emiratos Árabes Unidos, besarse, ir de la mano fuera de contexto turístico o mantener actitudes consideradas indecentes en público puede derivar en sanciones, deportación o incluso arresto si media una denuncia.
Ninguno de estos comportamientos suele ir acompañado de mala intención. El problema es precisamente ese: se cometen por desconocimiento, casi siempre en un contexto de vacaciones, distensión y desconexión de la rutina, justo cuando menos se piensa en las consecuencias legales de lo que se hace.
Del malentendido cultural a la detención
La mayoría de estas situaciones se resuelven con una multa administrativa. Pero no siempre es así. Cuando la infracción se considera delito en el país de destino —posesión de determinadas sustancias, alteraciones del orden público, incidentes de tráfico con lesiones, o incluso comportamientos que en España serían una simple falta administrativa—, el desenlace puede ser mucho más grave: detención, paso a disposición judicial e incluso ingreso en prisión mientras se resuelve el procedimiento.
Esta circunstancia no es tan infrecuente como pudiera parecer. El propio Defensor del Pueblo español ha elaborado estudios específicos sobre la situación de los ciudadanos españoles detenidos y presos en el extranjero, señalando las dificultades que afrontan para acceder a asistencia jurídica gratuita en países donde la legislación local no contempla ese derecho para los extranjeros, así como los problemas de comunicación con sus familias y con los consulados durante el proceso. En su informe, la Institución llegó a recomendar reforzar los medios de las demarcaciones consulares con mayor número de presos españoles y mejorar los canales de asistencia jurídica en el extranjero, precisamente porque detectó carencias importantes en la forma en que se acompaña a estos ciudadanos durante el procedimiento penal.
Esto pone de manifiesto algo que muchos viajeros no contemplan hasta que les toca vivirlo: en un procedimiento penal en el extranjero, no solo cambia el idioma, sino también el sistema jurídico, los plazos, los derechos del detenido y, en muchos casos, el nivel de apoyo institucional disponible. Lo que en España sería un trámite relativamente ágil, fuera puede convertirse en un proceso largo, confuso y, sobre todo, angustioso si no se cuenta con el asesoramiento adecuado desde el primer momento.
Qué hacer si ocurre: la importancia de actuar rápido
Cuando un ciudadano español es detenido en el extranjero, el margen de maniobra en las primeras horas es determinante. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda, desde el primer momento de la detención, solicitar que se informe al Consulado español correspondiente, especialmente si la persona no dispone de su pasaporte en ese instante. Esa notificación consular es clave porque permite activar la asistencia diplomática, aunque conviene tener claro que el consulado no actúa como abogado defensor: su papel es velar por que se respeten los derechos básicos del detenido, no representarlo legalmente ante el tribunal correspondiente.
Ahí es donde entra en juego algo que muchos viajeros no valoran hasta que lo necesitan: la posibilidad de contar, desde España, con asesoramiento penal inmediato mientras se organiza la defensa sobre el terreno o se coordina con un abogado local. Aunque el proceso se vaya a desarrollar en otro país, disponer de un despacho de referencia en España, capaz de orientar a la familia, explicar los pasos a seguir y coordinarse con los profesionales del país correspondiente desde el primer contacto, marca una diferencia real en cómo se afronta la situación.
En este sentido, el abogado 24 horas en Alcalá de Henares Pérez-Caballero insiste en una idea que resulta especialmente relevante cuando se trata de una detención fuera de España: en situaciones penales, cada minuto cuenta. Por eso es muy recomendable contar con un teléfono de abogados al que llamar en plena madrugada, ya sea porque la detención se ha producido fuera de España o porque una familia necesita orientación urgente tras recibir una llamada desde el extranjero, pudiendo así empezar a actuar sin perder ese tiempo inicial que resulta tan valioso.
Prevenir es mejor que lamentar: cómo informarse antes de viajar
La mejor defensa, en cualquier caso, sigue siendo la prevención. Antes de viajar, es imprescindible dedicar unos minutos a informarse sobre las normas del país de destino, más allá de las cuestiones sanitarias o de visado que suelen consultarse por defecto. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los ciudadanos, a través de su página oficial, recomendaciones de viaje actualizadas para cada país, con información sobre seguridad, trámites, restricciones legales específicas y datos de contacto de las oficinas consulares. Consultar esa información antes de salir de casa, e inscribirse en el Registro de Viajeros del propio Ministerio, son dos gestos sencillos que facilitan mucho las cosas si surge algún imprevisto durante el viaje.
Algunas recomendaciones prácticas adicionales:
Investigar las costumbres locales, no solo las leyes formales. Antes de viajar conviene informarse sobre las normas y hábitos sociales del destino. Hay comportamientos que pueden parecer completamente normales para un visitante y resultar ofensivos o inapropiados en determinadas culturas. La forma de vestir, fotografiar determinados edificios o personas, consumir alcohol en espacios públicos o mostrar afecto en público son algunos ejemplos que pueden variar considerablemente de un país a otro. Una pequeña búsqueda antes de hacer la maleta puede evitar situaciones incómodas y demostrar respeto por la comunidad que se visita.
Llevar siempre encima la documentación necesaria, incluidos permisos específicos como el de conducción internacional cuando el destino lo exija. Pasaporte, documento de identidad, visado, seguro de viaje o permisos de conducción son documentos que pueden resultar imprescindibles durante una estancia en el extranjero. Es recomendable comprobar con antelación cuáles son los requisitos concretos del país y llevar copias digitales de la documentación más importante, almacenadas en un lugar seguro. También conviene revisar la fecha de caducidad del pasaporte, ya que algunos países exigen que tenga una validez mínima para permitir la entrada.
Evitar dar por hecho que «todo el mundo lo hace». Que una conducta sea habitual entre otros turistas no significa que sea legal. En ocasiones, los visitantes terminan imitando comportamientos que observan a su alrededor sin preguntarse si realmente están permitidos. Desde acceder a determinadas zonas hasta consumir productos restringidos o incumplir normas de circulación, la popularidad de una práctica no la convierte en legítima. Cuando exista alguna duda, lo más prudente es consultar una fuente oficial o preguntar a las autoridades locales.
Guardar los datos de contacto del consulado español en el país de destino antes de salir de viaje, no cuando ya se necesitan. Tener localizada la representación diplomática correspondiente puede resultar especialmente útil ante situaciones como la pérdida de documentación, un accidente, una detención o cualquier otra emergencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación permite consultar la información de las embajadas y consulados españoles en el extranjero. Llevar esos datos guardados en el teléfono y, si es posible, también anotados en otro lugar puede ahorrar tiempo en una situación complicada.
No firmar ni declarar nada ante autoridades extranjeras sin entender completamente lo que se está firmando. Si surge un problema legal durante el viaje, los nervios y las dificultades con el idioma pueden hacer todavía más difícil comprender una situación. Ante un documento que no se entiende, una declaración o cualquier procedimiento oficial, es preferible pedir una explicación clara y solicitar un intérprete cuando sea necesario. También puede ser recomendable contar con asistencia jurídica. El hecho de encontrarse en otro país no elimina los derechos básicos de una persona, pero conocer los procedimientos y actuar con prudencia puede ser fundamental para protegerlos.
Por qué el sistema penal de otro país puede jugar en contra del viajero
Uno de los factores que más agrava este tipo de situaciones es el desconocimiento del funcionamiento del sistema judicial local. En España, cualquier persona detenida tiene derecho a asistencia letrada desde el primer momento, a ser informada de los motivos de la detención en un idioma que comprenda y a que un juez controle en un plazo determinado la legalidad de esa privación de libertad. Fuera de nuestras fronteras, esas garantías no siempre existen en los mismos términos.
En algunos países, el acceso a un abogado no es inmediato, sino que puede demorarse varios días. En otros, la comunicación con la familia o con el consulado depende en gran medida de la buena voluntad de las autoridades locales. Y en no pocos casos, la persona detenida desconoce por completo cuáles son sus derechos en ese ordenamiento jurídico concreto, lo que la coloca en una posición de vulnerabilidad especialmente delicada durante las primeras horas, que suelen ser las más determinantes para el resto del procedimiento.
A esto se suma la barrera del idioma, que en muchas ocasiones impide entender con precisión lo que se está firmando o declarando ante la policía o ante un juez. No es extraño que, por miedo o por no comprender bien la situación, algunos detenidos acaben firmando documentos cuyo contenido desconocen, algo que después resulta muy difícil de revertir en el proceso judicial.
El papel de la familia y del entorno cercano
Cuando la detención se produce en el extranjero, el peso de gestionar la situación recae con frecuencia en la familia que se queda en España, muchas veces sin saber muy bien por dónde empezar. Localizar a la persona detenida, entender en qué fase del procedimiento se encuentra, coordinar el contacto con el consulado y buscar asesoramiento legal adecuado son tareas que hay que resolver en cuestión de horas, normalmente en medio de una situación de mucha angustia y con la dificultad añadida de la distancia y, en ocasiones, del huso horario.
En estos casos, contar con un despacho al que poder llamar de inmediato, capaz de explicar con claridad qué pasos hay que dar, qué información conviene recabar y cómo coordinarse con un profesional en el país donde se ha producido la detención, ayuda a reducir la sensación de desorientación inicial. No sustituye a la defensa que finalmente se ejerza en el país correspondiente, pero sí ofrece un primer punto de apoyo firme mientras se organiza todo lo demás, algo especialmente valioso cuando la noticia llega de madrugada o durante un fin de semana, momentos en los que resulta más difícil encontrar orientación jurídica de calidad.
Un problema que puede tocar a cualquiera
Lo más inquietante de este tipo de situaciones es que no discriminan entre viajeros experimentados y primerizos, ni entre destinos exóticos y ciudades europeas próximas. Un malentendido con la policía local, una discusión que se malinterpreta, una sustancia que en un país es legal y en otro constituye delito grave: cualquier viaje, por rutinario que parezca, puede llegar a complicarse.
Por eso, más allá de la anécdota simpática que después se cuenta entre amigos, debe tomarse muy en serio la parte legal de cualquier desplazamiento al extranjero. Informarse antes de salir, respetar las normas locales aunque parezcan excesivas o desconocidas, y saber a quién acudir si algo se tuerce son, en el fondo, las mejores garantías para que unas vacaciones no terminen convertidas en un problema penal.
