Fue interpuesta este viernes en la fiscalía de Alicante contra el alcalde Miguel Zaragoza por prevaricación
Así lo manifestaba este sábado la portavoz del grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Pola , María Lafuente, “El PSOE ha decido pedir al fiscal que investigue los hechos de nepotismo funcionarial que afecta a funcionarios y políticos del Partido Popular de nuestro ayuntamiento. La denuncia de estos hechos en Elchedigital.es y el diario El País, ha causado un gran revuelo en la localidad y ha producido un gran malestar en la ciudadanía”. La socialista también ha manifestado que la demanda se presentó ayer a las 13 horas en la fiscalía anticorrupción de Alicante. “Con esta iniciativa”, ha proseguido Lafuente “ se pretende lo que viene exigiendo los ciudadanos de Santa Pola, que se investigue y que se depuren responsabilidades de este tipo si las hay”.
Los hechos arrancan el pasado 6 de enero donde nuestro diario destapó en un reportaje de investigación como varios altos funcionarios públicos con varios niveles de responsabilidad de la casa consistorial santapolera, se iban a repartir con familiares directos, un hermano y dos esposos, hasta siete proyectos del Plan Confianza y con los que iban a percibir más 156.000 euros si se les llegaba adjudicar la dirección de obra. Hechos que también han afectado al propio presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, Antonio Ortega y marido de María José Mogica, arquitecto municipal y responsable del Plan General de la villa marinera. A Ortega se le había adjudicado desde la concejalía de Infraestructuras en la que es titular Loreto Serrano, la redacción un proyecto que con la dirección de obra ascendía a 16.000 euros. Por estos hechos, miembros del colegio profesional han pedido a Ortega su dimisión de la presidencia.
Todas las adjudicaciones a los familiares de funcionarios, fueron rechazadas por los adjudicatarios convocándose también un Pleno extraordinario para anular las contrataciones. Curiosamente todos los escritos de rechazo redactados por los adjudicatarios, eran iguales y con el mismo texto, por lo que hace pensar al Partido Socialista que la renuncia fue “ordenada” por el propio gobierno municipal del Partido Popular encabezado por el alcalde Miguel Zaragoza, y que estas adjudicaciones son un “pago por servicios prestados”. Los socialistas piensan que no es bueno para Santa Pola que lo único que exista es una investigación periodística, por lo que han interpuesto esta demanda para que intervenga la fiscalía anticorrupción.














